Contratación pública y subvenciones con perspectiva de género
Esta formación ofrece las bases jurídicas y herramientas prácticas para aplicar la perspectiva de género en los procedimientos de contratación pública y en la gestión de subvenciones, conforme a la Ley de Igualdad (LO 3/2007), la Ley de Contratos del Sector Público y la normativa autonómica y local vigente.
Se analizan las posibilidades legales, los criterios sociales de adjudicación, las cláusulas de igualdad, los informes de impacto de género y los requisitos que deben cumplir las empresas proveedoras, así como ejemplos de buenas prácticas.
Es una formación especialmente útil para ayuntamientos, diputaciones, organismos públicos y personal técnico o político que participa en la redacción, supervisión o resolución de contratos y ayudas.
Esta temática combina enfoque normativo, contenido práctico y visión estratégica, permitiendo que la contratación y las subvenciones se conviertan en palancas reales para la transformación social desde la igualdad.
¿Qué ofrece el servicio?
Esta formación proporciona los conocimientos clave y herramientas prácticas para aplicar de forma efectiva la perspectiva de género en los procedimientos de contratación pública y en la gestión de subvenciones, cumpliendo con el marco normativo y avanzando hacia una administración pública más igualitaria y transformadora.
Ofrece:
- Marco legal actualizado: Ley Orgánica 3/2007, Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, normativa autonómica, directivas europeas y jurisprudencia relacionada.
- Criterios sociales y cláusulas de igualdad: cómo incorporarlos legalmente en los pliegos, evaluarlos y hacer seguimiento.
- Ejemplos reales de cláusulas, contratos y convocatorias de subvenciones que integran la perspectiva de género con eficacia.
- Requisitos de igualdad para entidades proveedoras y beneficiarias: planes de igualdad, compromiso con la igualdad, medidas correctoras…
- Informes de impacto de género en contratos y subvenciones: cuándo son obligatorios, cómo se hacen y qué utilidad tienen.
- Claves para diseñar bases de subvención más justas: lenguaje, condiciones, puntuación, seguimiento e impacto.
- Análisis de riesgos de exclusión y discriminación indirecta en los procedimientos administrativos y cómo corregirlos.
- Visión estratégica: cómo la contratación y las subvenciones pueden ser instrumentos reales de impulso a la igualdad y al cambio social.
- Materiales adaptados a la realidad del personal técnico y político, con enfoque didáctico, aplicado y orientado a la mejora institucional.
A quién están dirigidos nuestros servicios
Esta formación está especialmente dirigida a personal técnico y político de las administraciones públicas que participa en procesos de contratación, elaboración de pliegos, convocatorias de subvenciones o evaluación de proyectos, así como a profesionales del ámbito jurídico o de la igualdad que asesoran en estas materias.
Beneficios de la formación
La evaluación de impacto de género da respuesta a varias necesidades estratégicas y normativas fundamentales:
- Cumplimiento normativo Permite aplicar correctamente lo exigido por la legislación estatal y autonómica en materia de igualdad y contratación pública, evitando incumplimientos o riesgos jurídicos.
- Incorporación efectiva de la perspectiva de género En procesos clave de la gestión pública como los contratos, convenios y subvenciones.
- Capacitación técnica aplicada proporciona ejemplos, plantillas y casos prácticos que facilitan la puesta en marcha inmediata de mejoras en los procedimientos administrativos.
- Impulso de políticas públicas transformadoras: convierte la contratación y la política de subvenciones en herramientas reales para avanzar en igualdad y combatir desigualdades estructurales.
- Prevención de impactos discriminatorios: ayuda a identificar y corregir prácticas administrativas que reproducen desigualdades o excluyen a ciertos colectivos.
- Refuerzo institucional: mejora la coherencia de las políticas públicas con los compromisos en igualdad de género asumidos por la institución.
- Mayor transparencia y justicia social: promueve criterios más justos y objetivos, fomentando el acceso equitativo a los recursos públicos.
- Aumento de la profesionalización del personal técnico: aporta confianza, claridad y seguridad jurídica al aplicar medidas de igualdad de forma adecuada.
- Mejora de la calidad de los servicios públicos: al incorporar criterios sociales, se impulsa una contratación y una política de ayudas más inclusiva, responsable y orientada al bien común.