Normativa jurídica para la igualdad
La legislación vigente en materia de igualdad de género no solo marca obligaciones, sino que también ofrece un marco de actuación para promover una sociedad más justa. Esta formación permite comprender, aplicar y cumplir la normativa jurídica en igualdad, tanto en el sector público como en el privado.
Aborda de forma clara las leyes estatales, autonómicas y europeas, así como sus implicaciones prácticas en ámbitos clave: contratación, planes de igualdad, subvenciones, prevención del acoso, medidas organizativas, y más. Una herramienta imprescindible para quienes tienen responsabilidades en gestión, cumplimiento normativo o implementación de medidas de igualdad.
¿Qué ofrece el servicio?
- Análisis del marco legal vigente en igualdad: Constitución, LO 3/2007, legislación autonómica, normativa europea, convenios internacionales y sus desarrollos reglamentarios.
- Obligaciones legales de empresas, administraciones y entidades públicas o privadas según su tamaño, ámbito y función.
- Normativa específica sobre planes de igualdad, registro retributivo, auditorías, protocolos de acoso, medidas de corresponsabilidad, etc.
- Instrumentos jurídicos para incorporar la perspectiva de género: cláusulas en contratación, subvenciones, ordenanzas, convenios colectivos...
- Casos prácticos y análisis de sentencias y sanciones por incumplimientos o malas prácticas.
- Revisión de documentación interna y criterios de legalidad en políticas, planes o proyectos institucionales.
- Espacio para dudas jurídicas frecuentes en torno a los límites, oportunidades y márgenes de actuación.
Conoce la legislación para impulsar un cambio cultural, generar un impacto positivo y liderar la transformación en tu sector.
A quién están dirigidos nuestros servicios
Beneficios de la formación
La evaluación de impacto de género da respuesta a varias necesidades estratégicas y normativas fundamentales:
- Garantiza el cumplimiento de la normativa vigente, reduciendo el riesgo de sanciones, reclamaciones o impugnaciones.
- Permite tomar decisiones informadas y seguras desde el punto de vista legal y técnico.
- Aporta claridad sobre qué es obligatorio, qué es recomendable y qué supone buena práctica, según cada contexto.
- Fortalece la coherencia institucional o empresarial, alineando los principios de igualdad con las obligaciones legales.
- Contribuye a profesionalizar la gestión de la igualdad, con rigor jurídico y enfoque práctico.
- Facilita la revisión y mejora de documentos, políticas y procedimientos, evitando errores o vacíos legales.
- Empodera a las personas responsables de implementar medidas de igualdad, dándoles herramientas para actuar con seguridad.
- Refuerza el compromiso con la igualdad, desde el cumplimiento hasta la innovación jurídica con perspectiva de género.